Un comité del Senado de Missouri escuchó horas de testimonios el lunes sobre una legislación de inmigración ilegal que incluye la pena de prisión de por vida para aquellos que sean declarados culpables y una recompensa de $1,000 por denunciar a personas sin estatus legal en los Estados Unidos.
A través de una de las propuestas legislativas, alguien que esté en el país sin estatus legal y que entre a Missouri — y permanezca en el estado — sería culpable de un nuevo delito de intrusion.
La pena sería de prisión de por vida, sin posibilidad de libertad condicional, probatoria ni liberación condicionada, excepto por acción del gobernador.
Esas penas no se aplicarían si el gobierno federal firmara un acuerdo escrito con el Departamento de Seguridad Pública de Missouri para detener a la persona y deportarla.
El senador David Gregory, un republicano de Chesterfield y patrocinador de la legislación, dijo que el objetivo del proyecto de ley es crear un equivalente de la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE).
“Al igual que ICE, tenemos que realizar una investigación efectiva y tener causa probable suficiente para iniciar una orden de arresto antes de que se pueda rastrear y arrestar a alguien,” dijo Gregory.
Gregory agregó que, a través de su proyecto de ley, sería ilegal realizar arrestos sin orden judicial, aunque esa disposición no esté específicamente en el texto del proyecto de ley.
“No está permitido por la ley constitucional, lo que significa que no podemos cambiarlo aquí, ni el gobierno federal puede cambiarlo,” dijo Gregory.
La senadora Barbara Washington, una demócrata de Kansas City, le preguntó a Gregory por detalles específicos sobre cómo este tema está afectando a los habitantes de Missouri en la actualidad.
“Ya estoy harta de que la gente venga aquí a hablarme de lo que está pasando aquí, allá y en todas partes, y no hablen sobre los problemas que tenemos en nuestro propio estado,” dijo Washington.
Gregory no dio ejemplos específicos en respuesta a la pregunta de Washington.
Gregory también mencionó un reemplazo de su proyecto de ley original que está desarrollando. Esa versión aún no ha sido publicada en línea.
Recompensa de $1,000
La primera versión del proyecto de ley requeriría que el Departamento de Seguridad Pública de Missouri creara un sistema donde cualquier persona pudiera ponerse en contacto con las autoridades y acusar a alguien que crea que está en el país sin documentación legal.
El sistema debe incluir un número de teléfono, una dirección de correo electrónico y un portal en línea que las personas puedan usar.
Las personas que usen el sistema para denunciar a alguien podrían permanecer anónimas. En el texto del proyecto de ley, no hay penalizaciones si alguien denuncia a una persona que tiene estatus legal.
Si la persona acusada está en Missouri sin estatus legal, la persona que la denunció recibiría $1,000.
El senador Stephen Webber, un demócrata de Columbia, le preguntó a Gregory si había alguna acción que alguien pudiera tomar si fuera acusado erróneamente.
“Si alguien intenta llamar para dar una pista y dice, creo que mi vecino está indocumentado y tras una investigación resulta que esa persona no estaba indocumentada, ¿tienen alguna forma de recurrir por sus problemas?” preguntó Webber.
Gregory dijo que actualmente es ilegal acosar o hacer denuncias falsas a las líneas directas.
La legislación también expande quién puede convertirse en cazador de recompensas en el estado en relación con el proyecto de ley. Permite que cualquier persona con una licencia válida y no expirada como agente de fianzas, agente de fianzas general o agente de recuperación de fiadores pueda postularse al programa.
El proyecto de ley también crea un nuevo fondo que proporcionaría dinero para implementar la propuesta. La legislatura sería responsable de conseguir el financiamiento.
El comité discutió brevemente una nota fiscal sobre el costo del proyecto de ley, que asciende a unos $4.5 millones.
Solo una persona habló a favor de la legislación, mientras que más de 30 hablaron en contra.
Tori Schafer, de la ACLU de Missouri, dijo que la ACLU ya había demandado con éxito en relación con leyes similares en Iowa, Oklahoma y Texas.
“Hemos tenido éxito en esos casos porque los jueces han estado de acuerdo en que tenemos altas probabilidades de tener éxito en los méritos, ya que el gobierno federal tiene un interés en hacer cumplir la ley federal, que es exactamente de lo que estamos hablando,” dijo Schafer.
Yazmin Bruno-Valdez, beneficiaria de la política de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) de Estados Unidos, también habló en contra de la legislación. Dijo que fomentaría la división entre vecinos.
“Esto incentivaría la discriminación, fomentaría la xenofobia y perpetuaría la división al poner un precio de tan solo $1,000,” dijo Bruno-Valdez.
Horas antes, el lunes, los senadores también escucharon una legislación similar de la senadora Jill Carter, una republicana de Granby.
La legislación haría ilegal que alguien entre a Missouri si no tiene estatus legal en los Estados Unidos.
La multa sería de $10,000 y la deportación en el primer delito. En los delitos posteriores, la sanción también incluiría prisión de uno a siete años.
“Es moralmente imperativo encontrar un equilibrio entre el gobierno federal que no responde y la difícil situación de nuestras comunidades y la policía,” dijo Carter.
Tres personas hablaron a favor de la legislación, entre ellas David Parrish, el sheriff del condado de Lewis.
“Creemos que esta legislación simplemente le dará a la policía otra herramienta en la caja de herramientas para ayudarnos a asistir a nuestros socios federales,” dijo Parrish.
Aura Velásquez fue una de las más de 20 personas que hablaron en contra de la legislación de Carter.
Velásquez nació en Nicaragua y llegó a los Estados Unidos cuando tenía 5 años.
“Mi mamá dejó Nicaragua para buscar un lugar que le dijeron que estaba construido por inmigrantes y los acogía: los Estados Unidos de América,” dijo Velásquez. “Y ahora, si este proyecto de ley continúa más allá de una idea, destruiría la seguridad de cualquiera que se vea diferente, mis amigos, mi familia y mis hijos podrían ser etiquetados como no lo suficientemente humanos como para vivir en paz.”
Los debates sobre estos proyectos de ley se realizan una semana después del inicio de la segunda administración del Presidente Donald Trump. Trump se postuló con la promesa de implementar deportaciones masivas.
El sábado pasado, más de 100 miembros comunitarios se reunieron en Overland para protestar contra los cambios en la política migratoria y las deportaciones debajo la segunda de Trump.
Este reporte fue traducido por Brian Munoz de St. Louis Public Radio. Envía preguntas y comentarios sobre este informe a feedback@stlpublicradio.org.
